La empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denunció el 15 de diciembre de 2025 un ataque cibernético que, según su comunicado oficial, fue “dirigido a detener su operatividad” y busca dañar a la industria petrolera del país. En su declaración, la petrolera acusó directamente a Estados Unidos de estar involucrado en el incidente, afirmando que se trata de parte de una “estrategia pública” para intentar apoderarse del petróleo venezolano por “la fuerza y la piratería” y que la acción habría sido gestada con la complicidad de “intereses extranjeros y factores apátridas”.

PDVSA señaló que el ataque se limitó a sus sistemas administrativos y que los protocolos internos lograron contener el avance del incidente, permitiendo que las áreas operativas relacionadas con la producción y distribución de hidrocarburos continuaran sin afectación. La petrolera afirmó que la continuidad de sus operaciones, tanto en el mercado nacional como en los compromisos de exportación, se ha mantenido gracias a estas medidas de seguridad digital.

Sin embargo, fuentes internas y reportes de agencias internacionales como Reuters indican que algunos sistemas administrativos permanecían caídos tras el ataque, lo que afectó la entrega de cargamentos y generó retrasos en las operaciones logísticas, incluso forzando a personal a desconectarse de los sistemas informáticos para contener el daño. Estas fuentes señalaban que podría tratarse de un ataque de ransomware, en el cual el software malicioso bloquea o cifra datos esenciales para el funcionamiento de la empresa.

El contexto de la denuncia es especialmente tenso: ocurre apenas días después de que el gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, incautara un petrolero cargado con crudo venezolano en aguas del Caribe, una acción que Caracas calificó de “robo descarado” y que ha intensificado la confrontación entre ambos países. Venezuela ha denunciado también la presencia militar estadounidense en la región y ha asegurado que estas acciones forman parte de una presión geopolítica para debilitar su soberanía energética.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha confirmado públicamente su participación en el presunto ciberataque, y expertos en ciberseguridad no han publicado evidencias técnicas que vinculen directamente a Washington con la intrusión digital denunciada por PDVSA; muchas de las atribuciones siguen siendo declaraciones políticas sin verificación pública independiente.

En resumen, la denuncia de PDVSA señala un ciberataque que habría apuntado a su capacidad operativa, atribuido por el Gobierno venezolano a intereses estadounidenses en medio de crecientes tensiones políticas y sanciones. Aunque la empresa sostiene que las operaciones petroleras esenciales no se vieron interrumpidas, fuentes alternativas reportan que partes de sus sistemas administrativos quedaron fuera de servicio, afectando exportaciones y logística en un momento crítico para el país sudamericano.